En Olanchito, donde los mangos caen solos pero los bonos hay que votarlos, el regidor de LIBRE y empleado del gobierno central, Joel Vega, protagonizó este fin de semana un episodio digno del archivo de frases para nunca olvidar (y tal vez investigar).
Durante una reunión con líderes comunitarios, soltó sin anestesia y con total desparpajo:
“Ni liberales ni nacionalistas recibirán ayuda en este ni el próximo gobierno si no votan por LIBRE”.
¡Ajá! Como quien reparte tajadas y decide quién se lleva el aguacate, Vega —en su calidad de asesor del candidato Mario Miguel Ponce— dejó claro que las ayudas del Estado ya no son un derecho social, sino una especie de rifa electoral donde gana el que pone la X donde toca.
La frase, que podría tomarse como un simple exabrupto de campaña si no fuera porque proviene de un funcionario público activo, levanta no solo cejas sino también artículos legales.
Y es que según varios líderes comunales, el regidor no solo opina, también ejecuta contratos de limpieza de derechos de vía, bajo su criterio partidario, en lo que aparenta ser un claro abuso de autoridad.
¿Y la Ley de Contratación del Estado? Que pase el artículo…
Consultando la Ley de Contratación del Estado de Honduras, específicamente el Artículo 15, se establece claramente:
“No podrán contratar con el Estado ni participar en procesos de contratación en ninguna forma, directamente o por interpuesta persona: (…) 3. Los servidores públicos que trabajen en el Estado y devenguen un salario de éste, salvo que se trate de contrataciones excepcionales y cuenten con autorización especial.”
Es decir, el candidatoba regidor Vega —quien funge como empleado del Estado y asesor de campaña— no puede realizar contrataciones con recursos públicos ni decidir adjudicaciones, menos aún con criterios políticos o sectarios.
Eso, queridos lectores, tiene nombre y apellido: conflicto de interés, uso indebido del cargo y posible responsabilidad penal.
Posibles sanciones (para cuando el show se acabe)
• Inhabilitación para contratar con el Estado
• Cancelación de los contratos adjudicados
• Sanciones administrativas, civiles y/o penales
• Y claro, el bochorno público que ni el mejor bono compensa.
Lo dicho por Vega pone en evidencia un viejo vicio de la política hondureña: la manipulación clientelar de la ayuda estatal, como si los fondos del Estado fueran propiedad de partidos, alcaldes o caudillos en turno.
La diferencia es que ahora no lo disimulan… lo gritan en reuniones y lo ejecutan con contratos a dedo.
Porque claro, cuando no hay visión de Estado, lo que queda es la amenaza vestida de discurso, el contrato disfrazado de favor, y la ayuda pública convertida en chantaje electoral.
Y mientras los bonos se condicionan, las leyes se ignoran y las promesas vuelan…
el pueblo sigue esperando una ayuda que no venga con colores ni banderas.
Si usted estimado lector no es del partido oficialista, no se preocupe. Siempre queda la opción de aplicar a los bonos del “bendito aguante”, muy populares entre los que todavía creen en dignidad sin chantaje.
