Hay una verdad que ningún gobierno hondureño ha podido eludir desde hace dos décadas: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es, en términos financieros, un paciente en cuidados intensivos que nadie ha querido operar. El gobierno actual ha decidido finalmente subir a la sala quirúrgica.
El procedimiento propuesto dividir la ENEE en tres empresas subsidiarias de generación, transmisión y distribución, bajo una estructura de holding estatal tiene fundamento técnico serio. Pero la cirugía más justificada del mundo puede salir mal si el bisturí está en manos equivocadas, si la anestesia dura más de lo necesario, o si lo que parece una cura es en realidad la preparación del cuerpo para ser entregado.
Antes de debatir si la reforma es buena o mala, hay que mirar los números sin eufemismos. La ENEE acumula una deuda que supera los 120,000 millones de lempiras. Sus pérdidas operativas técnicas y no técnicas rondan el 34% de toda la energía producida, tres veces el promedio regional.
Cada día, la estatal pierde alrededor de 50 millones de lempiras. Uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total del país proviene directamente de este agujero negro energético. Ese dinero insiste la Asociación para una Sociedad más Justa es dinero que no llega a hospitales, escuelas ni carreteras.
Lo que hoy se presenta como una propuesta innovadora es, en realidad, una tarea atrasada desde hace once años. La Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2013, mandató de la separación de la ENEE antes de julio de 2015.
El proceso avanzó timidamente entre 2014 y 2021, y luego fue frenado en seco por el decreto 46-2022 del gobierno anterior, que declaró la energía eléctrica como bien público de seguridad nacional una figura que, whatever sus intenciones originales, sirvió para congelar toda reforma estructural.
El resultado es que Honduras es, junto a Costa Rica, el único país centroamericano que mantiene una empresa eléctrica integrada verticalmente. En el resto de la región Guatemala, El Salvador, Panamá la separación de actividades produjo mercados más competitivos, tarifas más predecibles y menor dependencia del subsidio estatal.
Honduras observó ese experimento durante veinte años y no lo replicó. La pregunta legítima no es si la reforma es necesaria. Es si este gobierno la ejecutará correctamente, o si la historia volverá a repetirse.
“Separar las actividades de la ENEE en tres sociedades no es privatizar. Pero en Honduras, el camino hacia la privatización siempre ha comenzado con una reorganización.”
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, ha sido enfático: las tres nuevas empresas subsidiarias seguirán siendo propiedad del Estado hondureño. “No hay ningún mandato ni ninguna intención de privatización”, declaró ante la Comisión de Energía del Congreso. Los funcionarios del sector repiten el argumento con convicción: se trata de crear un modelo de holding, no de vender activos públicos.
Esa afirmación merece crédito provisional, pero no crédito absoluto. El propio sindicato de trabajadores de la ENEE el STENEE ha señalado con precisión dónde está el verdadero riesgo: en la distribución. Generación y transmisión son rentables; distribución es donde viven las pérdidas colosales.
Y una subsidiaria de distribución estructuralmente deficitaria, separada contablemente del resto, queda inevitablemente expuesta a dos escenarios: o recibe subsidios indefinidos del Estado perpetuando el problema, o en algún momento un gobierno futuro decide que no vale la pena sostenerla y la entrega a operadores privados. Guatemala, que el propio sindicato cita como espejo de advertencia, siguió exactamente ese camino.
La ley, según versiones del borrador, no incluye aún salvaguardas explícitas y constitucionales que impidan la privatización de las subsidiarias en el futuro. Esa omisión no es un detalle menor; es la diferencia entre una reforma y una trampa.
La propuesta no carece de virtudes. La creación de una estructura de holding con subsidiarias independientes facilitaría algo que hoy es casi imposible: saber exactamente cuánto pierde cada área, quién es responsable de qué, y dónde se concentra la corrupción sistémica.
La opacidad de la ENEE unificada ha sido, por décadas, el escudo perfecto para la ineficiencia y el saqueo. Un organismo regulador fortalecido la CREE, con comisionados seleccionados por universidades y el sector privado, no por la Presidencia a discreción también apunta en la dirección correcta.
Igualmente significativa es la señal que envía al exterior: una agencia del gobierno de Estados Unidos, según el propio gerente, ha manifestado disposición de invertir en el sector. Un plan de rescate estimado en 2,500 millones de dólares requiere precisamente ese tipo de confianza institucional que solo un marco legal sólido puede generar.
El Congreso Nacional tiene ante sí una responsabilidad histórica. Puede aprobar una ley que realmente transforme el sector eléctrico hondureño, o puede aprobar una ley que ponga las condiciones para que un gobierno futuro lo privatice con más facilidad. La diferencia está en los detalles que, en este momento, aún están siendo socializados y modificados.
Lo mínimo que esta reforma debe garantizar para merecer apoyo ciudadano es sencillo pero no negociable: primero, una cláusula constitucional que impida la venta o concesión de largo plazo de cualquiera de las tres subsidiarias sin referéndum popular.
Segundo, la transferencia plena de derechos laborales a los trabajadores en las nuevas entidades, sin posibilidad de liquidaciones masivas disfrazadas de reorganización.
Tercero, un regulador verdaderamente independiente, no un ente cuyos comisionados sean, en la práctica, designación política de turno.
Y cuarto, cronogramas públicos y auditables para la reducción de pérdidas, con consecuencias reales si no se cumplen.
Sin esas condiciones, lo que Honduras tendrá no será una reforma eléctrica. Será una reclasificación contable que prepara tres empresas para ser entregadas cuando el próximo ciclo de crisis fiscal lo justifique.
Apoyamos la separación de la ENEE como necesidad estructural urgente. Nos oponemos a cualquier versión de esta ley que no incluya salvaguardas constitucionales explícitas contra la privatización futura.
El Congreso no debe aprobar una reforma a medias: o es una solución real al problema energético de Honduras, o es la preparación del terreno para la siguiente crisis. El pueblo hondureño, que lleva décadas pagando la factura de la ineficiencia de esta empresa, merece algo más que un cambio de nombre.
