Cuando Roberto Lagos publicó en sus redes sociales, a principios de 2025, que el gobierno anterior había generado un impuesto inflacionario equivalente al 2.6 por ciento del PIB en 2022 y al 1.4 por ciento en 2023, muchos en Honduras lo descartaron como un analista más lanzando cifras desde la comodidad de Estados Unidos. Lo acusaron de parcialidad política, de no entender la realidad del país, de hacer economía de tribuna.
Hoy ese mismo hombre es el presidente del Banco Central de Honduras, la institución cuyas hojas de balance él mismo utilizó para hacer esos cálculos que tanto incomodaron al entonces gobierno.
Esa paradoja merece más atención de la que ha recibido. Porque la discusión sobre si Lagos anda bien o mal con sus apreciaciones no es una discusión sobre su persona. Es una discusión sobre cómo funciona realmente la inflación en Honduras, quién paga sus costos, y si el país tiene hoy la conducción monetaria que necesita para no repetir los errores que el propio Lagos denunció cuando era analista independiente.
El concepto que Lagos introdujo al debate económico hondureño no es una invención suya ni una teoría controversial. El impuesto inflacionario es un fenómeno reconocido y documentado en la literatura económica internacional: ocurre cuando un gobierno cubre parte de sus gastos con dinero que emite el banco central, aumentando la cantidad de dinero en circulación más rápido que lo que crece la economía real. El resultado es inflación, y esa inflación actúa como un impuesto silencioso que nadie vota, nadie aprueba en el Congreso y nadie anuncia en conferencia de prensa, pero que todos pagan, especialmente quienes menos tienen.
Lagos señaló que revisando los balances del Banco Central de Honduras encontró que el impuesto inflacionario fue del 2.6 por ciento del PIB en 2022 y del 1.4 por ciento en 2023, y que la emisión monetaria aumentó en 4,543 millones de lempiras en 2022 y 3,643 millones en 2023 según datos del propio BCH. En términos simples: el gobierno de entonces financió parte de su gasto imprimiendo lempiras, y eso le costó poder adquisitivo real a cada hondureño que tenía lempiras en el bolsillo o en el banco.
¿Era un análisis correcto? Sí. Era metodológicamente sólido, estaba basado en fuentes oficiales, y describía un mecanismo que los economistas del desarrollo llevan décadas documentando en América Latina. Decir que Lagos “andaba mal” con esa apreciación no era un argumento técnico. Era una reacción política.
Desde el 27 de enero de 2026, Roberto Lagos se desempeña como presidente del Banco Central de Honduras, nombrado por el presidente Nasry Asfura horas después de su investidura. Es decir, el hombre que documentó el impuesto inflacionario más caro en la historia reciente de Honduras, generado en buena medida por decisiones del BCH bajo otra administración, hoy conduce esa misma institución.
Eso no lo invalida. Al contrario: en teoría, nadie mejor que quien identificó el problema para no repetirlo. El propio Lagos declaró tras asumir el cargo que su objetivo era mantener transparencia en los datos económicos y evitar ocultar análisis o cifras. Una promesa que, si se cumple, sería en sí misma una ruptura con la cultura de opacidad que caracterizó a varios períodos anteriores de conducción monetaria en el país.
Pero hay una tensión que no puede ignorarse: Lagos ya no es el analista independiente que publicaba en redes sociales con la libertad de quien no tiene que responder ante ninguna junta directiva ni ningún presidente de la República. Ahora es funcionario. Y los funcionarios, por definición, tienen incentivos para defender las decisiones de la administración que los nombró, aunque esas decisiones generen presiones inflacionarias que un Lagos analista no habría dudado en señalar.
El Programa Monetario 2026-2027 presentado por Lagos proyecta que la economía hondureña crecerá entre el 3 y el 4 por ciento anual, con una inflación que se mantendrá en torno al 4 por ciento durante ambos años, dentro del rango de tolerancia del BCH. En términos macroeconómicos formales, eso es una gestión estable. No es Venezuela. No es Argentina. Es, en el mejor de los casos, una economía que crece modestamente sin desbocarse.
Pero hay variables que los números del BCH no capturan con suficiente urgencia. Las importaciones crecerán un 6.4 por ciento en 2026 por efecto del precio de los combustibles, y la trayectoria de la inflación dependerá en gran medida de la duración e intensidad del choque externo de oferta generado por el alza de los combustibles. En lenguaje llano: si el petróleo sigue caro, la inflación real que siente el hondureño en el mercado puede ser muy diferente a la que mide el índice oficial.
El propio Lagos advirtió que Honduras, al depender fuertemente de la importación de hidrocarburos, es particularmente vulnerable a los cambios en los precios internacionales, lo que impacta directamente en los costos internos y en la dinámica económica general.
Una advertencia honesta. Pero que plantea una pregunta incómoda que los críticos de Lagos deberían hacer con rigor y no con descalificación: si la inflación que sufre la familia hondureña no viene principalmente de la impresión de billetes sino del precio del diésel en los mercados internacionales, ¿qué puede hacer realmente el BCH para proteger el bolsillo del ciudadano?
La respuesta honesta es: poco, en el corto plazo. Y eso es exactamente lo que Lagos ha dicho, aunque con la elegancia técnica de quien maneja bien el lenguaje institucional.
El problema con la discusión pública sobre las apreciaciones de Roberto Lagos no es que haya demasiada crítica. Es que hay demasiado poco rigor en ambos lados del debate.
Quienes lo defienden a ciegas porque fue el primero en hablar de impuesto inflacionario en redes sociales olvidan que el analista independiente y el presidente del BCH son, institucionalmente, dos personajes con incentivos muy distintos. Quienes lo atacan porque incomoda al partido de turno o porque sus cifras cuestionan decisiones políticas anteriores tampoco están aportando argumentos técnicos. Están repitiendo el mismo error que Lagos denunció cuando era él el incómodo: responder con política a lo que debería responderse con economía.
Lo que Honduras necesita no es un presidente del BCH que caiga bien en redes sociales ni uno que sea tan técnico que nadie lo entienda. Necesita uno que explique con claridad qué genera la inflación que paga la familia de Olanchito cuando va al mercado, qué puede hacer el Estado para mitigarla y qué no puede hacer porque está fuera de su control, y que diga eso con la misma franqueza que Lagos mostraba cuando no tenía nada que perder.
En sus análisis más recientes como crítico independiente, Lagos señaló que el impuesto inflacionario había superado el 1 por ciento del PIB durante 2022 y 2023, y lo calificó como un impuesto regresivo adicional que generó pérdidas en el poder adquisitivo del pueblo hondureño. Esa era la voz del economista sin cargo. El país necesita saber si esa voz sigue viva dentro del funcionario que hoy conduce el Banco Central.
No se trata de defender a Roberto Lagos ni de hundirlo. Se trata de pedir algo más simple y más difícil al mismo tiempo: que el debate económico en Honduras suba de nivel.
Que cuando Lagos hable de inflación, sus críticos le respondan con datos, no con descalificaciones. Que cuando el BCH presente sus proyecciones, los analistas independientes las contrasten con la realidad que vive la familia de ingresos medios y bajos en ciudades como Olanchito, donde la canasta básica ya registró un aumento de casi 700 lempiras en lo que va de 2026.
Que la discusión sobre si imprimir billetes genera inflación no se resuelva en redes sociales con insultos sino en espacios académicos y periodísticos con evidencia.
Porque al final, la inflación no es una abstracción. Es lo que ocurre cuando una madre llega al mercado con los mismos lempiras de la semana pasada y puede comprar menos que antes. Ese es el ciudadano al que tanto Lagos analista como Lagos presidente del BCH dijeron querer proteger.
La pregunta que Honduras debe hacerse es si el hombre que identificó el problema tiene ahora el margen institucional, la voluntad política y la independencia real para no repetirlo. Esa pregunta merece respuesta con hechos, no con aplausos ni con abucheos.
