GRACIAS, LEMPIRA.— Lo que comenzó como una oportunidad de inversión y generación de ingresos para miles de hondureños se encuentra ahora bajo fuertes señalamientos de haber operado como un presunto esquema Ponzi, con una cifra de afectados que, según las denuncias expuestas públicamente, rondaría el millón de personas en todo Honduras.
Josué Portillo, quien se desempeñó como gerente de HLV en Gracias, Lempira, rompió el silencio y aseguró que, pese al cargo que ocupaba dentro de la estructura, él también habría sido engañado por quienes estaban detrás de la operación.
Portillo informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presunta estafa y amenazas a muerte, estas últimas, según explicó, relacionadas con personas que fueron reclutadas en la zona occidental del país.
“Al igual que todos, yo fui y soy víctima de esta organización criminal internacional”, declaró Portillo, quien pidió que las autoridades investiguen el caso hasta determinar quiénes serían los responsables y dónde se encuentra el dinero.
Según el relato del exgerente, HLV habría comenzado sus operaciones en Honduras a finales de 2024, mientras que él fue incorporado a la organización en marzo de este año.
Portillo sostuvo que antes de involucrarse solicitó documentación para comprobar la aparente legalidad de la compañía. Aseguró haber revisado documentos nacionales e internacionales ante el temor de encontrarse frente a una empresa ficticia.
“Me confié porque me mostraron todos los documentos en regla, documentos reales; los fui a verificar”, afirmó.
De acuerdo con su versión, esa aparente formalidad terminó generándole suficiente confianza para comenzar a trabajar con HLV.
Pero es la cantidad de posibles perjudicados la que coloca el caso en otra dimensión. Portillo calcula que alrededor de un millón de personas habrían resultado afectadas en diferentes puntos del país, una cifra extraordinariamente alta que deberá ser corroborada por las investigaciones oficiales.
De confirmarse esa estimación, significaría que el alcance del presunto fraude trascendió por mucho a una sola ciudad o departamento y habría conseguido extender una amplia red de participantes por Honduras.
El funcionamiento denunciado ha sido comparado con un esquema Ponzi, un modelo en el que los recursos aportados por nuevos participantes son utilizados para sostener pagos o rendimientos de quienes ingresaron anteriormente, creando durante un tiempo la apariencia de una inversión rentable hasta que el flujo de nuevos fondos resulta insuficiente.
Portillo pidió además una intervención rápida del Estado ante el temor de que los fondos puedan ser movilizados.
“Voy a llegar hasta las últimas instancias”, afirmó, al tiempo que solicitó públicamente al Gobierno investigar y capturar a las personas que eventualmente resulten responsables.
También expresó preocupación por la posibilidad de movimientos de dinero dentro del sistema financiero nacional.
La denuncia coloca ahora el foco sobre el Ministerio Público y las demás instituciones competentes, que deberán determinar cómo funcionaba realmente HLV, cuánto dinero habría captado, quiénes controlaban sus operaciones y, especialmente, cuántas personas resultaron efectivamente perjudicadas.
También corresponderá establecer el grado de responsabilidad de gerentes, promotores y demás personas vinculadas con la organización. La afirmación de Portillo de haber sido víctima, pese a haber ocupado un puesto gerencial, constituye por ahora su versión de los hechos y deberá ser contrastada durante la investigación.
