TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Los integrantes de maras, pandillas y otras estructuras criminales recluidos bajo el nuevo régimen de máxima seguridad pasarán prácticamente todo el día encerrados en sus celdas. Las restricciones, que incluyen la prohibición de visitas familiares y severos controles sobre las comunicaciones, fueron verificadas este viernes durante una inspección encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto con autoridades del sistema de seguridad y justicia de Honduras.
La visita se realizó en los módulos de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, como parte de la aplicación de las reformas penales aprobadas recientemente para combatir a las organizaciones criminales. El propósito, según las autoridades, es impedir que los privados de libertad continúen dirigiendo extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
Zambrano explicó que los internos permanecerán 23 horas y media diarias dentro de sus celdas, mientras que los 30 minutos restantes estarán destinados a ejercicios físicos y estiramientos. El régimen contempla, además, una hora de exposición al sol por semana.
Las restricciones también alcanzan las comunicaciones con el exterior. Los privados de libertad no podrán recibir visitas familiares ni conyugales, tampoco alimentos o dinero enviados desde fuera del establecimiento. Las entrevistas con sus abogados se realizarán mediante un sistema de separación con vidrio blindado y comunicación telefónica controlada.
«En estas celdas, quiero decirlo, aquí esto es máxima seguridad con estos módulos que tiene el país. 23 horas y media encerrados», declaró Zambrano durante el recorrido.
El presidente del Legislativo aseguró que las medidas forman parte de una política de seguridad que continuará acompañada de operaciones policiales y militares en diferentes regiones del país. También advirtió que otras organizaciones criminales podrían ser objeto de nuevas acciones dentro de la estrategia estatal.
Más detenidos serán enviados a Támara
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, anunció que más de 110 personas detenidas se encuentran en proceso de traslado hacia Támara, donde serían sometidas a las nuevas disposiciones de seguridad penitenciaria.
Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, informó que, al momento de la inspección, 89 privados de libertad permanecían en dos edificios cuya capacidad conjunta, es de 212 internos.
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, señaló que las operaciones emprendidas bajo las recientes reformas legales ya habían dejado más de 120 personas arrestadas por acusaciones relacionadas con terrorismo.
Durante la inspección también participaron representantes de la Policía Nacional y otras instituciones encargadas de la persecución penal. El director de la Agencia Nacional contra el Crimen, Julio Alberto Ruiz, advirtió que las personas que proporcionen apoyo material a integrantes de organizaciones criminales podrían enfrentar investigaciones y procesos judiciales conforme a las disposiciones legales aplicables.
