TEGUCIGALPA, Honduras — Hay una frase que la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pronunció en una conferencia de prensa y que resume mejor que cualquier informe técnico el desencanto de una sociedad civil que esperó algo distinto: “Lo que nos negábamos a creer es que en el Gobierno del socialismo democrático continúan con las prácticas nocivas del anterios gobierno, o es que no solo heredaron la corrupción, sino que buscan continuar con esos esquemas”. La frase no fue retórica de campaña. Fue el resumen de un informe técnico sobre 14 millones de lempiras en contrataciones irregulares en un hospital público.
Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia el 27 de enero de 2022 prometiendo “refundar” un país históricamente devorado por la corrupción, una de sus banderas más visibles fue la promesa de instalar una comisión internacional contra la impunidad. Cuatro años después, con su mandato ya concluido, el organismo de sociedad civil que durante más de una década ha vigilado al poder público en Honduras documentó al menos diez casos de corrupción concentrados en cinco secretarías de Estado, presentó denuncias formales contra funcionarios de primer nivel, y concluyó que el patrón de fondo el uso de fondos públicos para fines distintos a los declarados no cambió con el cambio de gobierno. Solo cambió de nombre.
El jefe de investigación del CNA, Luis Urbina, detalló que el organismo identificó al menos diez casos de corrupción concentrados en las Secretarías de Planificación Estratégica, Gobernación y Justicia, y Salud durante la administración de la presidenta Xiomara Castro. Urbina precisó además que el CNA remitió formalmente esos diez casos al Ministerio Público, ejemplificando irregularidades en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Educación, el propio Congreso Nacional, licitaciones no realizadas en el Hospital San Felipe, la Tasa de Seguridad y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El organismo, lejos de limitarse a señalar, exhortó directamente al ente acusador a romper con el patrón histórico de inacción judicial.
Hay un dato de contexto que dimensiona la magnitud del problema más allá de este gobierno en particular: según Castellanos, Honduras pierde más de 77 mil millones de lempiras al año por corrupción, una cifra que evidencia que el fenómeno trasciende administraciones específicas y constituye un problema estructural del Estado hondureño.
CASO 1: EL HOSPITAL SAN FELIPE, LA “GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO”
Si hay un caso que ilustra con crudeza el patrón de corrupción sanitaria heredado y replicado en esta administración, es el del Hospital General San Felipe, uno de los centros asistenciales más antiguos del país.
La investigación del CNA se centró en tres procesos de contratación directa y una licitación privada realizados en 2023, en los que se identificaron múltiples irregularidades. Urbina reveló que entre febrero y septiembre de 2023 se emitieron ocho facturas por un monto de 13 millones 955 mil 691.43 lempiras destinadas a brindar servicios al hospital, sin que esas facturas detallaran qué servicios específicos se estaban prestando.
El mecanismo de la irregularidad fue particularmente descarado: las autoridades del hospital intentaron legalizar de manera extemporánea, mediante los procesos CD-09-2023, CD-10-2023 y la licitación privada LP-02-2023, una adquisición de bienes y servicios que ya se había ejecutado meses antes, sin cumplir con la normativa vigente y amparándose en un decreto de emergencia para el sistema de salud.
Urbina detalló además que las ofertas presentadas en el proceso de licitación estaban en blanco, sin información alguna sobre los oferentes, y que existían inconsistencias graves en los formatos de fianza y garantías de calidad y cumplimiento.
En otras palabras: primero se entregó el producto, después se fabricó el papeleo. “Dame el producto y luego resolvemos lo legal en el camino” fue la lógica que, según el CNA, se aplicó en el proceso, mientras Castellanos resumió la situación con una frase que se volvió viral: “A puertas cerradas, pero con las arcas abiertas”.
El propio exdirector del hospital, Carlos Murillo, fue señalado por el CNA como parte de las autoridades involucradas en estas prácticas irregulares. Como consecuencia, se realizaron audiencias de descargo a la administradora Belia Varela y al jefe de compras José Salomón, y la Unidad de Asesoría Legal de la Secretaría de Salud recomendó su cancelación por despido sin responsabilidad para el Estado.
CASO 2: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA “PUBLICIDAD DE LA CORRUPCIÓN”
El segundo expediente de peso involucra directamente al gabinete de comunicación del gobierno y a uno de los ministros que se mantuvo en su cargo desde el primer día de la administración.
El CNA presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el titular de la Secretaría de Defensa y entonces precandidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada; el titular de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte; y el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos. En el mismo proceso fueron denunciados el titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado; la exgerente administrativa Eugenia Maradiaga; y la gerente administrativa Rosy Jaqueline Díaz, acusados de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
El informe que sustenta esta denuncia tiene un nombre que no deja lugar a interpretaciones: “Publicidad y propaganda de la corrupción”. Según detalló Urbina, en 2022 la Secretaría de Planificación Estratégica realizó compras directas en publicidad y propaganda por más de un millón 817 mil lempiras. Lo más inquietante no fue el monto, sino el destino de esos contratos.
El CNA señaló que, si bien todos los gobiernos tienen derecho a pagar publicidad institucional, esta dependencia del Estado contrató empresas con vínculos en Venezuela para potenciar su estrategia de comunicación. A esto se suma que la secretaría recibió en 2023 un financiamiento externo vía préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 85 millones 775 mil 750 lempiras, fondos cuya ejecución también fue objeto de escrutinio por parte del organismo anticorrupción.
CASO 3: LA RED DE 14 MILLONES EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
El tercer expediente revelado por Urbina describe algo más estructurado que una irregularidad puntual: una red. “Hay una red de corrupción desde el 2022 en la Secretaría de Gobernación hasta el 2024 y se vincula con 10 empresas, ocho de las cuales recibieron casi 14 millones de lempiras”, declaró el jefe de investigación del CNA.
Lo que distingue a este caso de los anteriores es la continuidad institucional bajo la cual operó. A diferencia de la Secretaría de Salud, que ha tenido dos titulares distintos durante el mandato de Castro —José Manuel Matheu desde 2022 y Carla Paredes desde 2024—, tanto Planificación Estratégica como Gobernación han mantenido al mismo ministro desde enero de 2022: Ricardo Salgado y Tomás Vaquero, respectivamente. Esa permanencia en el cargo, señalan analistas consultados por organismos de sociedad civil, dificulta la depuración institucional incluso cuando las irregularidades ya han sido documentadas y denunciadas formalmente.
EL PATRÓN MÁS ALARMANTE: LOS FONDOS QUE EL CONGRESO REPARTE POR VOTOS
Si los casos anteriores documentan irregularidades en el Poder Ejecutivo, la denuncia más estructural que ha hecho el CNA apunta al propio Congreso Nacional, y describe un mecanismo que trasciende cualquier partido específico.
Castellanos identificó un patrón sostenido de corrupción en el que los fondos públicos destinados a proyectos sociales terminan siendo utilizados para actividades proselitistas o intereses particulares de los diputados. El mecanismo, según describió con crudeza, opera mediante una arquitectura casi industrial: “El patrón es que el diputado o la diputada identifica una organización no gubernamental diseñada para captar esos recursos y entonces cierto porcentaje de esa fuente de dinero se queda la organización no gubernamental, que se lo reparte con el diputado o con la diputada que entrega este fondo. De esa manera lo hemos visto en el denominado fondo departamental, ahora subsidios, y así van denominando o cambiando de nombre a este fondo, pero la verdad siempre es lo mismo”.
Es, en esencia, el mismo mecanismo de fondo que documentó El Comejamo en su investigación sobre el programa “Hermana, Hermano Vuelve a Casa”: dinero etiquetado para un fin social que termina sirviendo a estructuras políticas.
La diferencia es que en este caso, el CNA describe el modelo como una práctica institucionalizada y recurrente del Congreso Nacional hondureño, no como un episodio aislado.
EL OBSTÁCULO COMÚN A TODOS LOS CASOS: UN MINISTERIO PÚBLICO QUE NO JUDICIALIZA
El elemento que une a los diez casos documentados por el CNA no es la falta de evidencia. Es lo que ocurre —o no ocurre— después de que esa evidencia llega al Ministerio Público.
Urbina cuestionó abiertamente que la llegada de Johel Zelaya a la dirección del Ministerio Público no haya generado un cambio sustancial respecto a la gestión de su antecesor, Óscar Fernando Chinchilla, señalando que la institución “conserva prácticas” de administraciones anteriores. “Un Ministerio Público, como en las administraciones anteriores, donde empañaban cualquier acto de corrupción; esperamos como CNA que se combata la corrupción, se deje de lado la subjetividad y se actúe objetivamente”, manifestó Urbina.
La cifra histórica que ofreció para contextualizar este reclamo es contundente: de los 170 casos que el CNA ha interpuesto desde 2014, el organismo ha identificado casi 12 millones de lempiras en perjuicio fiscal, pero solo alrededor de 33 han sido judicializados.
En una entrevista más reciente, Castellanos amplió ese diagnóstico: de las 177 líneas de investigación presentadas por el CNA desde 2014 —entre ellas siete de los catorce casos heredados de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el expediente de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la tasa de seguridad, los hospitales móviles, la red de diputados y la red de periodistas—, el 77% permanece en la impunidad.
Ese 77% no es un dato menor. Es, en los hechos, la explicación de por qué los mismos esquemas de corrupción sobreviven al cambio de partidos en el poder: la maquinaria de impunidad no responde a una ideología política, responde a una institucionalidad judicial que el cambio de gobierno no logró reformar.
EL CONTEXTO MÁS AMPLIO: UNA PROMESA INCUMPLIDA DESDE EL PRIMER DÍA
Lo que hace más amargo el balance del CNA es que la actual administración llegó al poder enarbolando precisamente la bandera de la lucha anticorrupción como su principal promesa de refundación.
En febrero de 2022, apenas semanas después de asumir, el Congreso Nacional aprobó un megadecreto que incluía la provisión legal para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), facultando a la presidenta Castro a negociar sus términos directamente con la ONU. Ese mismo año, Castro firmó un memorando de entendimiento con Naciones Unidas para establecer formalmente la misión anticorrupción internacional.
Pero el proceso se diluyó en una sucesión de retrasos. Antes de que se firmara el memorándum, la entonces diputada oficialista Xiomara Hortensia Zelaya —hija de la presidenta Castro— propuso una reforma constitucional para incluir la creación de la CICIH directamente en la ley primaria, una maniobra que la oposición y sectores de sociedad civil señalaron como un intento de retrasar la instalación de la comisión, dado que una enmienda constitucional en Honduras requiere la aprobación de dos legislaturas consecutivas.
No fue sino hasta septiembre de 2023, después de que una misión ad hoc de la ONU visitara el país en cuatro ocasiones, que el gobierno de Castro finalmente entregó a Naciones Unidas una propuesta formal de convenio para dar vida a la CICIH. Pese a esos pasos, la propuesta nunca llegó a ejecutarse por incompatibilidades en su implementación.
La promesa central de campaña, la que debía diferenciar a esta administración de las anteriores, terminó sin materializarse.
EL CÍRCULO MÁS CERCANO TAMBIÉN QUEDÓ BAJO SOSPECHA
El golpe más duro a la narrativa de “refundación” no vino de una secretaría de Estado, sino del entorno familiar más cercano al poder presidencial. En septiembre de 2024, el medio de investigación InSight Crime difundió un video en el que aparecía Carlos “Carlón” Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, presuntamente negociando 650 mil dólares con capos del narcotráfico.
El caso se agravó cuando, durante el juicio en una corte de Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el testigo colaborador conocido como “El Cachiro” declaró bajo juramento que también había entregado sobornos a Carlos Zelaya a cambio de favores políticos para expandir operaciones de narcotráfico en el país. El episodio expuso una contradicción que ningún informe técnico del CNA podría capturar con la misma claridad: mientras el gobierno denunciaba la “narcodictadura” heredada, su propio círculo familiar quedaba señalado en los mismos tribunales que juzgaban a esa narcodictadura.
EL BALANCE FINAL: UN PATRÓN, NO UN INCIDENTE
Lo que el Consejo Nacional Anticorrupción documentó a lo largo de cuatro años de la administración de Xiomara Castro no es una colección de hechos aislados. Es un patrón. Contrataciones que se legalizan después de ejecutarse. Publicidad pagada a empresas con vínculos políticos externos. Redes empresariales que reciben millones sin justificación técnica clara. Fondos sociales que terminan financiando estructuras partidarias. Y, sobre todo, un Ministerio Público que recibe los expedientes y, en el 77% de los casos, los deja morir en el archivo.
La frase de Castellanos sigue resonando como la síntesis más honesta de este balance: la corrupción en Honduras no cambia de naturaleza cuando cambia el partido en el poder. Solo cambia de nombre, de logotipo y de discurso. El reto, advierten desde el propio CNA, sigue siendo el mismo para cualquier administración que llegue después: construir un sistema judicial que finalmente judicialice lo que la sociedad civil ya documentó.
