Yoro, Honduras. – En el departamento de Yoro, tener una res se ha convertido en un riesgo. No por el mercado ni por el clima, sino por las bandas de abigeatio que operan con una agilidad y una impunidad que tiene de rodillas a los productores.
El fin de semana, un ganadero perdió cuatro reses en una sola noche. Y como él, decenas de familias del triángulo formado por los municipios de Yoro, El Negrito y Morazán están perdiendo años de trabajo en pocas horas, sin que el Estado les ofrezca ninguna respuesta efectiva.
En lo que va de 2026, solo en esos tres municipios se han registrado no menos de cinco eventos de robo y destace ilegal de ganado en los últimos tres meses. Los números no transmiten la dimensión real del daño. Para entenderla hay que ir a las fincas, escuchar a los productores y ver lo que queda después de que las bandas pasan: los restos del animal abandonados en el potrero como una señal de terror hacia el propietario.
El modus operandi es sistemático y no ha cambiado en dos años porque nadie lo ha parado. Grupos de seis a ocho personas arriban en vehículos entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada. Seleccionan entre cuatro y cinco animales de engorde con pesos que rondan las mil quinientas libras. De cada res extraen aproximadamente cuatrocientas libras de carne, valoradas en alrededor de ciento veinte lempiras la libra. El resto del animal queda abandonado en el lugar.
Lo más alarmante es que estas bandas deben transitar por postas policiales para llegar a sus destinos y para salir con la carga. A la vista y paciencia de todos. Nadie es detenido. Nadie es investigado. La carne robada no tiene trazabilidad. Las carnicerías que la reciben no son identificadas. Y los jefes de las bandas que operan en este triángulo de municipios siguen sin ser señalados por la justicia.
Una res tiene en el mercado hondureño un valor comparable al internacional, que fácilmente supera los mil quinientos dólares. Para un pequeño ganadero, perder cuatro o cinco animales en una noche significa la quiebra.
Y lo más devastador, según quienes viven esta realidad, no es la pérdida material. Es lo que ese robo le hace al emprendedor del productor. Le mata las ganas de seguir.
En Honduras, con la crisis climática, los altos costos de producción y el abandono institucional, perder el hato ganadero es quedarse sin nada. Sin capital. Sin ingreso. Sin futuro. Mientras los países de la región invierten en mejora genética, trasplante de embriones e importación de material reproductor para repoblar sus hatos, el problema más elemental en Yoro sigue sin resolverse: proteger las reses que ya existen. Un toro reproductor que encabeza la mejora genética de una finca pequeña no puede ser reemplazado por un embrión importado.
Los ganaderos afectados han interpuesto denuncias ante las autoridades. En el mejor de los casos, esas denuncias son recibidas y archivadas. No se les da trámite. No se investiga quién recibe la carne. No se rastrea la cadena de comercialización. No se identifican los vehículos que transitan de noche por las carreteras departamentales cargados de carne sin documentación.
No se trata de un delito esporádico. Es una operación organizada, con logística, con personal, con puntos de venta ya establecidos. Una banda criminal que actúa con regularidad en un triángulo de municipios y que, dos años después de los primeros reportes, sigue operando sin consecuencias.
Los productores de Yoro, El Negrito y Morazán no piden milagros. Piden lo mínimo: que sus denuncias sean investigadas, que la carne robada tenga trazabilidad, que las postas policiales cumplan su función, que se identifiquen y desarticules las bandas que operan en el departamento.
