TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Eran cerca de las 11:20 de la noche del lunes 31 de agosto cuando 78 votos terminaron por abrir la puerta a una de las transformaciones más profundas del sistema eléctrico hondureño de los últimos años.
El Congreso Nacional aprobó la denominada Ley de Justicia Energética, una reforma que mantiene a la ENEE como patrimonio público, pero la reorganiza mediante tres subsidiarias y abre un nuevo modelo de competencia, inversión y operación del mercado eléctrico.
La iniciativa obtuvo el respaldo de 49 diputados del Partido Nacional y 29 legisladores de otras bancadas, según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Libre rechazó la reforma al considerar que abre espacios a intereses privados y cuestionó además el procedimiento utilizado para su aprobación.
Uno de los efectos más inmediatos para los hogares será el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. El Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de extender la medida por otros seis meses.
Pero el cambio de mayor alcance estará dentro de la propia Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
La reforma transforma a la estatal en ENEE Matriz, de la cual dependerán tres sociedades encargadas separadamente de generación, transmisión y distribución.
Estas funcionarían como sociedades anónimas unipersonales, pero el Estado, a través de ENEE Matriz, conservará el 100 % de sus acciones.
Los activos estratégicos tampoco serán transferidos a las nuevas sociedades. Centrales hidroeléctricas, embalses, terrenos e instalaciones continuarán perteneciendo a ENEE Matriz y serán entregados únicamente para su administración, operación y mantenimiento.
La reforma incorpora además un blindaje: la ENEE no podrá venderse ni privatizarse y sus activos estratégicos no podrán ser utilizados como garantía. Una eventual modificación que permita desprenderse de la propiedad estatal requeriría el respaldo de 96 diputados, equivalente a tres cuartas partes del Congreso.
El presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, presentó inicialmente el dictamen y señaló que había sido socializado previamente con diferentes sectores. Durante la sesión estuvieron presentes el comisionado de la CREE, Héctor Corrales, y el gerente de la ENEE, Enrique Peña Panting.
La discusión tomó otro rumbo cuando el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, presentó una contrapropuesta de 16 puntos después de consultar, según explicó, con expertos nacionales e internacionales.
Cálix sostuvo que no compartía aspectos del dictamen original y destacó como uno de los puntos fundamentales el blindaje establecido para preservar el patrimonio público de la ENEE.
La propuesta liberal terminó recibiendo el respaldo del oficialismo y sustituyó el dictamen que originalmente se encontraba en discusión.
Entre los cambios se establece además que las compras de energía deberán realizarse mediante licitaciones públicas competitivas, preferentemente utilizando mecanismos como la subasta inversa, limitando las contrataciones directas.
La reforma también contempla la condonación de deudas de energía eléctrica para municipalidades categorías C y D, mientras que las alcaldías A y B deberán someter sus cuentas a procesos de conciliación.
Asimismo, contempla alivios para familias de bajos recursos que cumplan las condiciones establecidas y registren consumos inferiores a 200 kilovatios.
La aprobación estuvo acompañada de una fuerte confrontación política.
La diputada de Libre Luz Angélica Smith rechazó el proyecto y advirtió que la electricidad debe mantenerse como un servicio público y no convertirse en un negocio.
La legisladora cuestionó que la introducción de una contrapropuesta sustancialmente diferente pudiera invalidar los debates anteriores y sostuvo que la nueva estructura podría aumentar la influencia de intereses privados.
Cálix respondió que la reforma hace precisamente lo contrario y aseguró que garantiza legalmente la propiedad pública de la ENEE y sus bienes.
La discusión aumentó de tono cuando el diputado de Libre Fabricio Sandoval protestó utilizando pitos, gritos y consignas. Zambrano anunció una sanción equivalente a 15 días de salario por entorpecer la sesión.
Más allá de la confrontación política, la reforma modifica buena parte de las reglas bajo las cuales funcionará el sector.
Se crea un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) independiente de la administración pública, responsable de coordinar el sistema eléctrico, administrar el mercado mayorista y realizar el despacho de energía procurando el menor costo.
La CREE recibirá mayor independencia funcional, financiera y presupuestaria, mientras que las nuevas inversiones en transmisión y las compras de energía deberán someterse, como regla general, a procesos competitivos.
También se reconoce expresamente el almacenamiento de energía y el derecho de los usuarios a producir electricidad mediante sistemas renovables, como paneles solares, permitiendo que los excedentes inyectados a la red sean remunerados bajo las reglas que establezca la CREE.
Detrás de la transformación existe un problema que durante años ha presionado las finanzas públicas: las pérdidas de la ENEE.
El dictamen señala que las pérdidas técnicas y no técnicas han rondado históricamente entre 30 % y 35 % de la energía generada, mientras las pérdidas financieras anuales superarían los L16,000 millones.
El Gobierno y los diputados que respaldaron la reforma sostienen que separar las áreas de generación, transmisión y distribución permitirá identificar responsabilidades, reducir pérdidas, atraer inversión y mejorar la confiabilidad del servicio.
La discusión sobre sus consecuencias, sin embargo, apenas comienza.
La ENEE no fue vendida y, según el texto aprobado, sus activos y acciones continuarán siendo propiedad del Estado. Lo que sí cambia profundamente es el modelo: Honduras pasa de una empresa eléctrica integrada hacia una ENEE Matriz con tres subsidiarias estatales y un mercado con mayor participación de agentes privados y mecanismos competitivos.
