Corozal, La Ceiba, Atlántida. – El parador fotográfico de Corozal ya no existe. Lo que era uno de los rincones más visitados y fotografiados del litoral atlántico hondureño quedó en ruinas tras el embate del oleaje, una imagen que condensa con brutal claridad lo que está ocurriendo en esta comunidad garífuna del municipio de La Ceiba: el mar avanza, devora y no espera.
Lo que antes era una franja de playa ahora es agua. Y lo que ahora es agua, mañana podría ser el suelo donde están paradas las casas de las familias que han habitado este territorio durante generaciones.
El mar ha ganado terreno en los últimos años a través de la erosión costera en Corozal, una situación que mantiene en alerta a los residentes de la zona. Lo que antes eran extensas playas, hoy está cubierto por aguas marinas.
Lester Batíz, presidente de los pescadores de la aldea, es uno de los testimonios más directos del avance del océano. Su vivienda está siendo amenazada por las fuertes marejadas. Otras casas ya sucumbieron ante ellas. “Es lamentable lo que estamos viviendo en nuestra comunidad”, dijo Batíz. “Como pescadores organizados hemos pedido apoyo a las autoridades y nunca han llegado. Lo que están haciendo es restarle importancia a este gran problema.”
Esa denuncia no es nueva. Es la misma que llevan años haciendo las comunidades garífunas del Caribe hondureño, con los mismos resultados: silencio institucional y playa que se va.
Ante la ausencia del Estado, los habitantes de Corozal han tomado el asunto en sus propias manos. Realizan trabajos preventivos para proteger el litoral colocación de barreras, limpieza, contención artesanal con la conciencia amarga de que esos esfuerzos tienen un límite físico que el mar no respeta.
“Lo que aquí está pasando es una erosión que desde años había sido pronosticada, pero que nadie vio con seriedad, y hoy la estamos enfrentando”, señalan los propios pobladores, en una frase que encierra décadas de advertencias ignoradas.
Expertos reconocen que acciones como la reforestación local para fortalecer el terreno o el mantenimiento constante de las playas ayudan a mitigar el impacto, pero reiteran que, por la vulnerabilidad del país ante el cambio climático, la erosión costera continuará. Eso lo saben también en Corozal, y por eso el llamado que hacen no es a tapar huecos, sino a construir soluciones integrales.
La comunidad exige a las autoridades competentes que se sumen a las iniciativas locales y que se desarrollen proyectos de protección costera que garanticen tanto la conservación de la playa como la seguridad de las familias que viven a metros del mar.
Lo que vive Corozal no es un caso aislado. Es la expresión más reciente de una crisis costera que afecta a docenas de comunidades garífunas a lo largo del litoral hondureño, y que lleva décadas siendo documentada sin que el Estado haya respondido a la escala que el problema exige.
La pérdida acelerada de las playas del Caribe hondureño, como consecuencia del incremento de la erosión costera y el cambio climático, ha colocado en peligro a buena parte de las comunidades garífunas. El avance de la línea más alta de las mareas y la ausencia de barreras naturales de protección ponen en riesgo a las comunidades localizadas en cordones litorales y deltas.
El fenómeno de erosión costera no ha sido estudiado adecuadamente en Honduras, y las comunidades desconocen la gravedad de la problemática que confrontan, la cual se agudizará a medida que los niveles oceánicos aumenten.
La destrucción del cocotero una de las barreras naturales más efectivas contra la erosió agravó el problema desde hace décadas. Durante siglos, las plantaciones de coco conformaron la barrera natural más importante de protección del litoral garífuna, además de ser un pilar de su economía informal. Su desaparición por enfermedad viral dejó las costas completamente expuestas.
La erosión costera ya borró del mapa playas que fueron íconos del turismo en Atlántida. La playa de La Barra, en el centro de La Ceiba, desapareció hace más de una década. Era un destino que durante la Semana Santa concentraba a miles de turistas de todo el país.
El parador de Corozal es la más reciente víctima de esa lista.
El litoral Caribe de Honduras enfrenta una triple crisis: los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación desde fuentes terrestres y marinas. La región, que alberga ecosistemas vitales como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos, es hogar de comunidades garífunas que dependen de estos sistemas para su subsistencia.
Ante este escenario, el Manejo Costero Integrado surge como herramienta estratégica, pero su implementación efectiva requiere reconocer legalmente el rol de las comunidades en la gestión costera, establecer mecanismos de financiamiento estable y crear espacios de coordinación interinstitucional que articulen gobierno, comunidades y sociedad civil.
En Corozal, ninguna de esas condiciones existe todavía. Mario Rodríguez, jefe regional de Copeco, reconoció que el mar “está haciendo estragos” y que se han tenido reuniones para buscar cómo ayudar a las familias afectadas, esperando que las instituciones encuentren una forma de contrarrestar la situación. Reuniones. Mientras el mar avanza.
Los problemas que conforman la multicrisis que ahoga lentamente a las comunidades garífunas necesitan la adopción de acciones vinculadas a reformas ambientales integrales por parte del gobierno de Honduras. No parches. No reuniones. Política pública con recursos, urgencia y respeto por un pueblo que lleva siglos viviendo de cara al mar, y que hoy ve cómo ese mar viene por ellos.
El parador fotográfico de Corozal ya colapsó. La pregunta que los habitantes hacen al gobierno es simple y no admite más espera: ¿van a actuar antes de que el mar se lleve también las casas?
