OLANCHITO, Yoro.— La investigación por la muerte del guardia de seguridad Roberto Chavarría, ocurrida durante un asalto a un minisúper de Olanchito el pasado 10 de agosto, salió de la jurisdicción local y pasará ahora a manos de un Juzgado con Competencia Nacional, después de que dos hombres señalados por las autoridades como sospechosos comparecieran este sábado ante los tribunales de esta ciudad.
Los imputados fueron identificados como Jesús Trochez, alias “El Diablo”, y Carlos Saldivar, alias “Texas”, quienes fueron remitidos a la jurisdicción nacional después de la audiencia de declaración de imputado celebrada en el Juzgado de Letras de Olanchito.
Según la información disponible sobre el proceso, a ambos se les atribuyen cargos relacionados con tráfico de drogas, portación ilegal de armas, robo y homicidio, acusaciones que deberán ser sustentadas por el Ministerio Público durante las siguientes etapas judiciales. Los señalados conservan su condición de inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra.
La captura de los dos hombres se produjo el viernes, cuando fueron localizados mientras permanecían alojados en un hotel. Las autoridades mantenían activa su búsqueda como parte de las investigaciones por el asalto en el que perdió la vida Chavarría.
Roberto Chavarría murió el 10 de agosto durante un violento episodio registrado en un minisúper de Olanchito. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, Chavarría habría intentado intervenir durante el asalto antes de ser atacado a disparos.
El crimen provocó indignación en la ciudad y ocurrió en medio de una sucesión de hechos violentos que encendieron las alarmas de autoridades y habitantes de Olanchito.
Pero las investigaciones contra “El Diablo” y “Texas” no se limitarían a ese caso.
Las autoridades también los señalan en relación con la muerte de Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho, ocurrida el 11 de agosto en San Pedro Sula. La eventual responsabilidad de ambos en ese hecho deberá igualmente determinarse durante el proceso judicial.
La conexión de los sospechosos con hechos registrados en diferentes ciudades y la naturaleza de los delitos investigados llevaron el expediente hacia una instancia con jurisdicción nacional.
La audiencia inicial está programada para el próximo 6 de septiembre ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente de San Pedro Sula.
Será en esa instancia donde el Ministerio Público deberá presentar los elementos de prueba que sustenten sus acusaciones y donde la defensa podrá controvertirlos.
El traslado del expediente abre ahora una nueva etapa en dos investigaciones que han causado conmoción. Para las familias de Roberto Chavarría y Marvin Omar Fernández, el proceso apenas comienza: serán los tribunales los encargados de determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades y decidir, con base en las pruebas, el futuro judicial de los dos acusados.
