Durante décadas, en Honduras reparar una calle de tierra podía convertirse en una peregrinación de Ministerio en Ministerio: el alcalde reportaba el problema, enviaba una solicitud a Tegucigalpa, esperaba una respuesta, gestionaba una máquina y, cuando finalmente aparecía una motoniveladora, quizá la lluvia ya había terminado de destruir el camino.
Nasry Asfura parece haber entendido que había otra manera de enfrentar el problema: en lugar de movilizar permanentemente las máquinas desde el Gobierno central hacia los municipios, llevar las máquinas a los municipios y dejar que sean estos quienes respondan.
Parece sencillo. No lo es.
Detrás de la entrega de maquinaria pesada a las alcaldías existe una decisión que, bien administrada y sostenida en el tiempo, podría convertirse en uno de los movimientos más importantes hacia la municipalización y descentralización de la gestión pública.
El Gobierno hace una inversión inicial considerable, pero a cambio modifica la ecuación de los próximos años.
Una motoniveladora, una retroexcavadora, un bulduzer, una volqueta o cualquier equipo destinado permanentemente a una municipalidad deja de ser solamente una máquina. Se convierte en capacidad instalada en el territorio.
Y esa diferencia importa.
Probablemente aquí está la clave para comprender la decisión.
Asfura fue alcalde antes de ser presidente.
Conoce desde abajo un sistema en el que los alcaldes históricamente han tenido que tocar puertas del Gobierno central para solucionar problemas que están literalmente frente a sus propias alcaldías.
Sabe lo que significa tener comunidades reclamando una carretera mientras la municipalidad carece del equipo necesario para intervenirla.
Sabe también que una máquina administrada desde Tegucigalpa puede tardar semanas en llegar hasta una comunidad ubicada a cientos de kilómetros.
Eso no se aprende únicamente leyendo informes desde un escritorio presidencial.
Se aprende gobernando un municipio.
Por eso la entrega de maquinaria tiene una lectura política evidente, pero también una lógica administrativa difícil de ignorar: acercar la capacidad de respuesta al lugar donde ocurre el problema.
La verdadera dimensión de la estrategia no está únicamente en fotografiar alcaldes recibiendo maquinaria nueva.
Está en lo que ocurrirá después.
Porque una vez equipada una municipalidad, también aumenta su responsabilidad.
Cuando mañana una calle rural esté destruida, será mucho más difícil decir simplemente: “Estamos esperando que el Gobierno mande la máquina”.
La máquina estará allí.
La responsabilidad de programarla, mantenerla, operarla y utilizarla correctamente recaerá cada vez más sobre las autoridades municipales.
Y allí está la gran jugada.
El Gobierno central invierte una vez en capacidad instalada y las alcaldías adquieren una herramienta que puede utilizarse durante años.
Eso significa que miles de kilómetros de caminos de terracería podrían dejar de depender exclusivamente de operativos ocasionales organizados desde la capital.
En un país con 298 municipios, donde buena parte de la producción agrícola y ganadera depende de carreteras secundarias y caminos rurales, disponer de maquinaria cerca de las zonas productoras puede significar la diferencia entre esperar semanas por una intervención o comenzar trabajos en cuestión de días.
Pero sería un error convertir la entrega en propaganda y dar por terminada la historia.
Entregar maquinaria es apenas la mitad del desafío.
La otra mitad será demostrar que las alcaldías tienen capacidad para administrarla.
Porque descentralización no significa simplemente entregar bienes públicos. Significa transferir herramientas, responsabilidades y posteriormente exigir resultados.
La maquinaria pública no puede terminar convertida en equipo privado del alcalde de turno, trabajando propiedades particulares por compromisos políticos o deteriorándose en un plantel municipal por falta de mantenimiento.
Si eso ocurre, una buena política terminará devorada por los mismos vicios que durante años han debilitado al Estado.
Por eso esta apuesta también pone a prueba a los alcaldes.
Ya no bastará reclamar que Tegucigalpa no responde.
Ahora deberán demostrar qué pueden hacer cuando finalmente tienen las herramientas.
Honduras lleva décadas hablando de descentralización.
Gobiernos de diferentes colores políticos la han incluido en discursos, documentos y planes de desarrollo. Pero descentralizar realmente implica algo mucho más incómodo para el poder central: ceder capacidad de ejecución.
Asfura conoce la silla del alcalde. Conoce las llamadas de las comunidades, las carreteras destruidas, las solicitudes acumuladas y la frustración de querer resolver algo sin disponer de la herramienta necesaria.
Ahora ocupa la silla desde donde durante décadas los alcaldes esperaron respuestas.
Y decidió enviarles máquinas.
Podrá discutirse la oportunidad política de la medida, su costo, los mecanismos de distribución y hasta el rédito electoral que inevitablemente buscará cualquier gobierno con una inversión de esta magnitud. Todo eso debe fiscalizarse.
