LOCOMAPA, Yoro.— En la comunidad de La Unión, aldea de Locomapa en el departamento de Yoro, los niños van a la escuela cada mañana. Se sientan en pupitres quebrados. Miran hacia adelante. Y reciben clases bajo el techo de una galera de madera que lleva años pudriendose — literalmente — mientras los gobiernos que debían atenderla pasaron sin voltear a ver.
En pleno 2026, en Honduras, esto sigue ocurriendo.
La estructura donde estudian los alumnos de la escuela de La Unión no reúne ninguna condición mínima que la Secretaría de Educación exige para un aula escolar: la madera está podrida por la humedad acumulada durante años, los pupitres están dañados e incompletos, y el espacio no ofrece protección adecuada ni contra el sol ni contra la lluvia.
Los padres de familia de la comunidad han denunciado la situación desde el período del gobierno del Partido Libre, sin obtener respuesta. Las solicitudes de apoyo para la construcción de un aula digna fueron presentadas ante las instancias correspondientes — y nunca fueron atendidas.
Ahora, con el cambio de gobierno, vuelven a alzar la voz: piden al actual gobierno del presidente Nasry Asfura que incluya a La Unión en cualquier plan de infraestructura escolar, y hacen un llamado directo a la alcaldesa de Yoro, la arquitecta Diana Urbina, para que desde la municipalidad pueda gestionar o cofinanciar la construcción de al menos un aula nueva.
El mensaje es sencillo y urgente: los niños no pueden seguir esperando.
Lo que viven los estudiantes de La Unión no es la excepción en Honduras. Es, dolorosamente, la norma en buena parte del país rural.
Según una encuesta de 2024 de la Dirección General de Construcción Escolar, hay 12,000 centros educativos en Honduras, de los cuales el 63% está en condiciones precarias: no cuentan con espacios adecuados, las aulas están en mal estado, y hay grandes limitaciones en el acceso al agua y la electricidad, afectando el derecho de la niñez a recibir una educación de calidad.
Yoro es uno de los departamentos con mayor número de centros educativos con techos dañados o destruidos, y el 25% de los niños en el país rural recibe clases sentado en el piso por falta de mobiliario. La comunidad de La Unión encaja con precisión quirúrgica en esa estadística nacional que el Estado conoce, documenta y no resuelve.
En marzo de 2026, el Congreso Nacional aprobó un préstamo histórico para atender exactamente este tipo de situaciones. El convenio de 55 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo financiará el programa “Hacia una Educación más Inclusiva: Transformando la Escuela Rural”, enfocado en mejorar el acceso y la calidad educativa en comunidades rurales y poblaciones vulnerables, buscando reducir la brecha de infraestructura escolar y modernizar centros educativos precarios.
El dinero está aprobado. Los planes de ejecución se están preparando. Pero para los niños de La Unión en Locomapa, eso es hoy una promesa en papel — y el techo podrido de su galera es una realidad de todos los días.
La región de Locomapa tiene historial de apoyo de organizaciones como ACTS Honduras, con casi 40 años de experiencia en desarrollo comunitario rural en la zona, trabajando en educación, salud, agricultura y agua de la mano con las comunidades. Sin embargo, la construcción de infraestructura escolar permanente es responsabilidad del Estado — y el Estado no ha llegado a La Unión.
El pedido de los padres de la comunidad de La Unión es concreto y modesto en comparación con la magnitud del problema nacional: un aula. Una sola aula construida con materiales dignos, con techo que no gotee, con espacio suficiente para que sus hijos aprendan sin el ruido de la madera cediendo bajo la lluvia.
Dos destinatarios tienen identificados. El primero es el Gobierno central — la Secretaría de Educación, el FHIS, cualquier institución del Estado que tenga competencia en infraestructura escolar — para que incluya a La Unión en el plan de intervención derivado del préstamo del BID o de cualquier otro programa activo.
El segundo es la alcaldesa de Yoro, la arquitecta Diana Urbina, a quien hacen un llamado directo para que la municipalidad gestione recursos propios o de cooperación para atender lo que el gobierno central ha ignorado.
La arquitecta Urbina, formada precisamente en la disciplina que diseña los espacios donde las personas viven, trabajan y aprenden, tiene frente a ella la oportunidad de demostrar que la alcaldía de Yoro llega donde el gobierno central no ha llegado.
Los niños de La Unión ya llevan demasiado tiempo esperando que alguien lo haga.
