YORO, Honduras.— Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, de 33 años, alias “El Diablo”, figura desde el 24 de abril en la lista de los 10 más buscados de Honduras, con una recompensa de 300,000 lempiras por información que lleve a su captura. Este lunes, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, lanzó el mensaje más contundente hasta ahora desde que comenzó la cacería: “Hay una fuerte operación ahorita en todos estos municipios del departamento de Yoro donde lo estamos buscando a él y a toda su banda. Tenga plena seguridad que él va a caer, ya sea vivo o muerto.”
La búsqueda del cabecilla del Cártel del Diablo entró en su fase más intensa. Y el Estado hondureño tiene un plazo invisible pero urgente: capturarlo antes de que la montaña lo proteja indefinidamente.
Los equipos de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se han desplegado en municipios como Sulaco, Yorito y Victoria, mientras mantienen líneas de rastreo que también alcanzan zonas de Marale en Francisco Morazán. El despliegue no es visible para todos — la Policía habla de trabajo “invisible”, de equipos que avanzan sin exposición, pero con objetivos claros: ubicar, cercar y capturar.
El director de la DPI, Rolando Ponce Canales, fue directo: “Vamos a llegar hasta esos individuos. Pedimos a la población que dé información”, al tiempo que insistió en que las personas vinculadas a estos hechos ya están plenamente identificadas.
No se trata solo de uno. El ministro Velásquez detalló que la estructura está conformada por un grupo importante de personas liderada por al menos dos cabecillas, y que su influencia se extiende más allá de Yoro, alcanzando municipios como Orica, Marale y El Porvenir en Francisco Morazán, y San José del Potrero y San Sebastián en Comayagua.
Yoro enfrenta no uno sino dos grupos criminales enfrentados entre sí: el Cártel del Diablo y la banda denominada “Los Mojados”. Según las investigaciones, esta última estaría integrada por personas originarias de Yoro que migraron a México, adquirieron experiencia en dinámicas criminales y luego replicaron esos métodos en Honduras.
Las autoridades también investigan posibles nexos del Cártel del Diablo con policías y otras estructuras criminales, así como conexiones con redes de narcotráfico en otras regiones del país. La organización, según la misma fuente, pasó de actividades menores como robo de ganado y asaltos a centrarse en distribución de drogas en Sulaco, El Negrito, Morazán, Orica y Arenales, imponiendo control territorial y restricciones sobre la población civil.
Este lunes también se revelaron nuevos detalles sobre el crimen que detonó la crisis. Según las investigaciones, el pastor Óscar Núñez habría sido asesinado porque reconoció a sus captores durante el secuestro, lo que hizo que los criminales lo mataran para evitar ser identificados ante las autoridades.
La familia entregó 1.4 millones de lempiras como rescate — una suma que los captores exigieron acumuladamente durante los días del cautiverio — sin que el pago garantizara su liberación.
Dos detenidos y el cabecilla aún prófugo. Ese es el balance a hoy. El caso de alias “Calolo” ilustra con crudeza el problema estructural del sistema: capturado el 11 de abril en Sulaco con un fusil y marihuana, liberado por un juzgado en audiencia inicial por razones que la propia Policía no logró explicar, y recapturado el 29 de abril en Marale portando una subametralladora Mini Uzi tras un intercambio de disparos. Entre su primera y segunda detención, siguió operando.
Los propios pobladores de la comunidad fueron quienes, antes que la Policía, retuvieron a “El Diablo” en algún momento anterior — una reacción comunitaria espontánea ante una violencia que el Estado tardó en ver y que la comunidad vivió antes que nadie.
