OLANCHITO, Yoro.— Dos de los cinco privados de libertad que se fugaron la noche del lunes del Centro Penal de Olanchito guardaban prisión por su presunta participación en el asalto a un supermercado ocurrido en diciembre pasado en La Ceiba, confirmaron en las últimas horas autoridades policiales, intensificando la alerta y los operativos a nivel nacional.
De acuerdo con los reportes oficiales, tras la fuga —que desató momentos de alta tensión en este municipio del norte de Honduras— uno de los reclusos fue recapturado pocas horas después, mientras que cuatro continúan prófugos, lo que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de búsqueda en distintos puntos de la región.
Los fugitivos fueron identificados como Debin José Ávila Martínez (27), originario de El Porvenir; Dorian Yacir García Cálix (20) y Didiar Josué Sandoval Erazo (30), ambos de La Masica; y Pablo José Morales Pagoaga (25), de La Ceiba.
Según las investigaciones preliminares, al menos dos de ellos habrían participado directamente en el violento asalto registrado meses atrás, un hecho que generó alarma en la zona atlántica.
La fuga ha provocado una reacción de las fuerzas de seguridad, que mantienen retenes, patrullajes y operativos de saturación en carreteras, comunidades y ciudades clave, ante el riesgo que representan los prófugos para la población.
Vecinos de distintos sectores reportaron haber observado movimientos sospechosos tras la evasión, aunque hasta el momento no se han confirmado nuevas capturas. Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a extremar precauciones y colaborar con información que permita ubicar a los fugitivos.
La preocupación entre los pobladores de Olanchito ha ido en aumento, especialmente por la presencia de privados de libertad considerados de alta peligrosidad en un centro penal que, según denuncian vecinos, cuenta con medidas de seguridad limitadas.
Habitantes de sectores aledaños han comenzado a exigir a las autoridades el traslado o cierre de esta instalación carcelaria fuera del casco urbano, argumentando que la reciente fuga confirma el riesgo permanente para la población civil.
