TRUJILLO, Colón.— A tres kilómetros de la ciudad de Trujillo, rodeada de manglares y habitada por caimanes, cocodrilos, monos y cientos de especies de aves migratorias, la Laguna de Guaymoreto debería ser uno de los ecosistemas más protegidos del Caribe hondureño. Tiene decreto presidencial desde 1992. Tiene categoría de Refugio de Vida Silvestre. Tiene leyes que prohíben el cambio de uso de suelo en su área.
Lo que no tiene es quien las haga cumplir.
A pocos metros de sus aguas — a la vista de cualquier persona que pase por la zona — plantaciones de palma africana crecen dentro o en los bordes de su área protegida, camufladas entre la vegetación, en franca violación del decreto de Cero Deforestación y de la normativa que regula las áreas protegidas en Honduras. Y nadie ha sido sancionado.
En 1992, la sociedad civil de Trujillo impulsó la creación del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto como área protegida, ante la necesidad de conservar la biodiversidad de fauna y flora que ya entonces se veía amenazada por actividades humanas y fenómenos naturales. El refugio fue declarado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 1118-92, reconociendo que se trata de un ecosistema de alta fragilidad y vulnerable a las actividades que pueden amenazar su degradación.
La laguna es un cuerpo de agua salobre de aproximadamente 36.57 kilómetros cuadrados, de poca profundidad, rodeada de manglares y con una desembocadura permanentemente abierta hacia la Bahía de Trujillo a través de un canal de entre 30 y 40 metros de ancho. Sus bosques de manglar albergan tres variedades de monos, caimanes y cocodrilos, además de aves marinas y migratorias que utilizan sus aguas y vegetación como refugio estacional.
En papel, es un tesoro nacional. En la realidad, es un ecosistema bajo asedio silencioso.
La Ley Forestal de Honduras y el decreto de Cero Deforestación son explícitos: el cultivo de palma africana no puede establecerse dentro de áreas protegidas ni en zonas de amortiguamiento que impliquen cambio de uso de suelo. La palma requiere deforestar, drenar humedales y modificar el suelo — actividades todas prohibidas en la categoría de Refugio de Vida Silvestre.
Sin embargo, las plantaciones existen. No están escondidas en lugares inaccesibles — están a la vista, a pocos metros de las aguas de Guaymoreto, en la misma zona donde el Estado hondureño colocó un decreto de protección hace más de tres décadas.
Al preguntarle al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) sobre afectaciones ambientales en el municipio de Trujillo, la entidad respondió que no tenía información sobre afectaciones ambientales en la zona. La respuesta institucional lo dice todo: el organismo encargado de proteger el refugio no tiene registro del daño que ocurre dentro de él.
Lo que ocurre en Guaymoreto no es un caso aislado. Es la expresión local de un patrón que investigaciones periodísticas han documentado en todo el litoral atlántico hondureño.
En Honduras existen 190,000 hectáreas sembradas con palma aceitera que se extienden a lo largo del litoral atlántico, desde Cortés hasta Colón. En los parques nacionales Punta Izopo y Jeanette Kawas, la palma africana ha copado entre un 20 y 30% de las áreas protegidas respectivamente.
Expertos de Prolansate aseguran que las afectaciones no son casos fortuitos, sino que existe todo un entramado para utilizar las áreas protegidas como zonas de expansión palmera. “Estamos llegando a un punto sin retorno, no existen políticas claras gubernamentales en materia ambiental. Hay una deuda histórica con la población hondureña”, denunció el presidente de la organización.
Y lo más grave de todo: a pesar de denuncias internacionales por daños al ambiente, las autoridades de Honduras no registran sanciones contra empresas palmeras. Ninguna. En ninguna área protegida del país. El decreto existe, la prohibición existe, el daño existe — pero la sanción no.
Los bosques de mangle de la Laguna de Guaymoreto están formados por mangle negro, mangle blanco y mangle rojo, ecosistemas que actúan como filtro natural del agua, barrera contra mareas y huracanes, y hábitat de reproducción de múltiples especies marinas.
La expansión de la palma africana hacia las zonas de amortiguamiento de la laguna no solo implica deforestación directa — implica la alteración del sistema hídrico que alimenta el humedal. El uso excesivo de agroquímicos en la producción palma, la tala, la quema y el drenado de humedales para la siembra son las principales amenazas documentadas por especialistas en las áreas protegidas del litoral atlántico.
Cada hectárea de manglar que se pierde es una barrera menos para la laguna, una zona de reproducción menos para las especies que la habitan y un filtro menos para las aguas que alimentan la Bahía de Trujillo.
El daño ambiental en torno a Guaymoreto tiene también una dimensión humana que involucra directamente a las comunidades garífunas que han habitado este territorio durante generaciones. En los municipios de Trujillo y Balfate, en Colón, hay mucha tierra garífuna que ha sido impactada por la siembra de palma. Algunas sembradas por los propios garífunas buscando su beneficio, y otras por conflictos de tierra con actores externos que se han aprovechado de forma ilegal de ese patrimonio ancestral.
Las comunidades garífunas reconocen que la presencia de la palma africana causa un daño irreversible en sus territorios. Su lucha no es solo contra los dueños de plantaciones, sino también contra la corrupción que hay en el Estado hondureño que ha contribuido al desmembramiento de las tierras comunales.
El Comité Interinstitucional para el Ambiente y las Áreas Protegidas de Trujillo y Santa Fe fue creado precisamente para la co-gestión del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto y el Parque Nacional Capiro-Calentura, y fue reconocido a nivel local y departamental como espacio de incidencia y referencia para actores que trabajan temas ambientales en los municipios. La estructura institucional existe. Los mecanismos de denuncia existen. Las leyes existen.
Lo que no existe es la voluntad de aplicarlas cuando el infractor es un actor con poder económico o político en la región.
Es necesario realizar una investigación a fondo sobre quiénes son los empresarios, políticos y familias poderosas que tienen títulos de propiedad en las áreas protegidas y que han contribuido a su destrucción, han advertido los especialistas. Ese es el paso que ningún gobierno hondureño ha dado hasta ahora.
La Laguna de Guaymoreto sigue siendo espectacular. Sus aguas siguen reflejando el verde de los manglares y el azul del cielo caribeño. Los caimanes siguen ahí. Los monos también. Las aves migratorias siguen volviendo cada año porque todavía queda suficiente refugio para recibirlas.
Pero el margen se estrecha. Cada plantación de palma que avanza un metro más hacia el refugio es un metro menos de ecosistema que no se recupera. Cada temporada sin sanción es un mensaje claro para quienes quieren seguir expandiendo: aquí se puede.
