TEGUCIGALPA — En medio de una creciente tensión política y acusaciones de la oposición, la administración gubernamental descartó categóricamente cualquier intención de privatizar o vender los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Las autoridades insistieron en que el proyecto para fragmentar la estatal en tres sociedades mercantiles autónomas responde estrictamente a un plan de modernización operativa y saneamiento financiero, respaldado por organismos internacionales y bajo la estricta tutela del Estado.
La aclaración oficial surge tras la enérgica campaña de denuncia activada por el partido de oposición, Libertad y Refundación (Libre). Voceros de la agrupación política han alertado de forma reiterada que las reformas promovidas desde el Ejecutivo y la nueva gerencia de la ENEE que proponen dividir la institución en áreas independientes de generación, transmisión y distribución, además de crear un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) constituyen la antesala para la venta de la histórica infraestructura energética del país, valuada en miles de millones de lempiras.
La postura oficial: “La ENEE no se vende”
Frente a los cuestionamientos, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, desvirtuó las advertencias de la oposición calificándolas como desinformación con fines políticos. Castro enfatizó que el patrimonio de la estatal permanecerá intacto bajo la propiedad colectiva del pueblo hondureño y que los cambios estructurales son indispensables para rescatar a la institución de una profunda crisis heredada.
”Modernizar la ENEE no es privatizarla. Es devolverle fuerza, rumbo y dignidad a una institución que necesita soluciones de largo plazo. El país requiere una empresa ordenada, transparente y eficiente que garantice energía de calidad”, declaró el funcionario, rematando con la consigna de que la estatal “no se vende, se rescata y se fortalece”.
Por su parte, la dirección de la compañía estatal argumentó ante el Congreso Nacional que la creación de entidades técnicas independientes no privatiza los recursos públicos, sino que introduce estándares internacionales para transparentar los costos reales del suministro y frenar el persistente déficit financiero.
La perspectiva desde los sectores laborales es de cautela y rechazo a la campaña de privatización. Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), aclaró en que la organización apoya una modernización tecnológica y operativa, pero igual mantiene la cautela y considera debe mantener la gobernabilidad y salvaguarda de 1957 ante el proyecto de escisión institucional.
Aguilar refutó los discursos mediáticos que insisten en que la empresa se encuentra técnicamente “quebrada”, atribuyendo sus problemas contables a deudas históricas, subsidios asumidos y contratos de generación con privados severamente sobrevalorados.
Organismos multilaterales condicionan el financiamiento al ordenamiento fiscal
En el plano internacional, entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han manifestado su respaldo técnico y financiero a las reformas institucionales en Honduras, vinculando el apoyo a proyectos de descarbonización y sostenibilidad fiscal de la estatal de energía. No obstante, los organismos multilaterales coinciden en que la viabilidad del sistema eléctrico nacional depende de un reordenamiento corporativo profundo y de auditorías financieras transparentes, descartando que los programas vigentes de asistencia involucren cláusulas de venta de patrimonio público al sector privado.
La batalla por el control y destino de la ENEE dibuja un panorama complejo donde el gobierno actual se juega su credibilidad económica ante los inversionistas y la banca multilateral, mientras la oposición capitaliza el histórico recelo ciudadano hacia la privatización de los servicios públicos en América Latina.
